Artículo #87
Ordenamiento territorial y desarrollo de ciudades intermedias en áreas rurales
¿Por qué se deben implementar políticas de ordenamiento territorial? Por la misma razón que usted, para trabajar, ordena su escritorio; o un arquitecto organiza la casa ubicando el baño cerca de los dormitorios y el comedor cerca de la cocina; o una ciudad, a través del plano regulador, determina condiciones de constructibilidad, usos residenciales o mixtos, densidad, ancho de calles, etc. Pues, para que funcione bien y se desarrolle de forma armónica. Para eso se ordenan las “cosas”. ¿Qué hace la diferencia entre un terreno y un territorio? Un territorio es aquel lugar en el espacio geográfico en el cual las personas desarrollan sus actividades y su existencia (terreno + personas). Y, ¿cuáles son estas actividades? Naturalmente múltiples, pero primordialmente, aquellas que tienen relación con el desplazamiento de personas y mercancías. Curiosamente, cuando nos preguntan, dónde vivimos, normalmente respondemos donde dormimos, ya que vivimos probablemente en varios lugares, en un día cualquiera. En este escenario, las vías de comunicación y transporte (caminos, carreteras, vías férreas, etc.) son las venas del territorio, que conectan diversos nodos del sistema territorial, vitales para su existencia y desarrollo.
Texto destacado
¿Qué hace la diferencia entre un terreno y un territorio? Un territorio es aquel lugar en el espacio geográfico en el cual las personas desarrollan sus actividades y su existencia.
Pero el territorio no es una hoja en blanco. En él existen ciudades de diversos tamaños, zonas agrícolas y urbanas, áreas ocupadas por puertos, aeropuertos, industrias y servicios generales. Hay zonas ocupadas por áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad, para el uso recreacional y turístico. Además, hay condicionantes naturales que determinan diversos grados de accesibilidad, tales como las montañas, desiertos, campos de hielo, playas, zonas de inundación, en fin.
También hay un cierto marco regulatorio básico, quizás demasiado básico, para un país donde el territorio tiene múltiples usos. El territorio en Chile lo administra el MINVU, a través de La ley General de Urbanismo y Construcciones (DFL. 458), la que, en su Artículo 55, indica como se debe proceder en la construcción en zonas rurales, pero como su nombre lo dice, es una ley de urbanismo y construcciones, no de desarrollo del territorio rural.
En la última modificación de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gestión y Administración Regional (ley 19.175) en febrero del 2018, (LOCGAR para los amigos) que introdujo la elección directa de los Gobernadores Regionales, modifica el Artículo 17, letra a), en el siguiente sentido –funciones del Gobernador Regional-- “Elaborar y aprobar el plan regional de ordenamiento territorial en coherencia con la estrategia regional de desarrollo y la política nacional de ordenamiento territorial, previo informe favorable de los ministros que conforman la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio”. (COMINCIVYT para los cercanos). Es decir, ahora es materia de Ley que, por cierto, como buen país en desarrollo no se cumple.
¿Por qué lo anterior? Durante el gobierno de la presidenta Bachelet, el COMINCIVYT hizo su trabajo. Se elaboró una Política Nacional de Ordenamiento Territorial y un Reglamento de la Política (así lo establece la Ley) consultada con todos los sectores. Se efectuó la correspondiente Evaluación Ambiental Estratégica (EAE para los amigos). Fue aprobada por el COMINCIVYT, fue promulgada por parte de la Presidencia de la República y se envió a la Contraloría General de la República para el trámite de toma de razón. Al llegar al gobierno, el presidente Piñera, lo retiró de la Contraloría y duerme el sueño de los justos. Como tiene que ser en un buen país subdesarrollado.
La ruralidad chilena
Chile tiene una ruralidad bastante conectada y privilegiada. Muy probablemente nadie está a más de media hora en vehículo de un centro poblado. Excluyendo, quizás, caleta Tortel. Pero nos estamos refiriendo al mundo agrícola asociado a la ruralidad. En estos lugares las personas hacen sus trámites, acceden a algunos servicios básicos de salud y educación; y en general el apoyo de la Municipalidad. Sin embargo, aún hay muchos déficits a nivel territorial, por lo cual la gente termina migrando a las grandes ciudades capitales regionales en busca de mejores expectativas.
De manera tal que ahora que se viene el desarrollo regional, por la elección directa de Gobernadores Regionales y de seguro será un tema central de la nueva Constitución, el gran desafío es el fortalecimiento de las ciudades intermedias, que son ciudades rurales, al fin y al cabo, que dependen fuertemente de la actividad agropecuaria de su hinterland. Tales cómo: Ovalle, Combarbalá, Illapel, Petorca, San Felipe, Melipilla, Santa Cruz, Rengo, Cauquenes, San Fabián, Los Ángeles, Villarrica, Ancud, Chaitén o Coyhaique.
Política Nacional de Ordenamiento Territorial
El fundamento de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT) es: “la capacidad de conducir y coordinar las iniciativas con incidencia territorial, de modo de avanzar de manera más eficiente y eficaz hacia la superación de brechas de inequidad, multiplicando las oportunidades de los habitantes y mejorando su calidad de vida, de modo de privilegiar el bien común. También busca la construcción de un territorio armónico, integrado, seguro e inclusivo en su diversa y amplia geografía, expresando sus potenciales y propiciando la dinamización de sus riquezas económicas, ambientales, sociales y culturales; en definitiva, la PNOT impulsa un proceso de desarrollo sustentable con identidad territorial. Todo ello, por medio de políticas públicas concebidas a través de una gobernanza con sentido estratégico y sinérgico, en el marco de la descentralización y con una ciudadanía empoderada e involucrada en el devenir del territorio”.
La visión es: “Contribuir a la construcción de un territorio armónico, integrado, seguro e inclusivo en su diversa y amplia geografía, expresando sus potenciales y propiciando la dinamización de sus riquezas económicas, ambientales, sociales y culturales, a través de un proceso de desarrollo sustentable con identidad territorial. El país, inserto en un mundo globalizado, logra superar las brechas de inequidad territorial, multiplicando las oportunidades de sus habitantes, mejorando su calidad de vida y privilegiando el bien común. Todo ello, impulsado por políticas públicas concebidas a través de una gobernanza con sentido estratégico y sinérgico en el marco de la descentralización y con una ciudadanía empoderada e involucrada en el devenir del territorio”
En tanto que su objetivo general es: “Direccionar estratégicamente el ordenamiento del territorio nacional como un marco de acción que permita su organización, sobre la base de sus potencialidades y singularidades, de su articulación funcional y de la creación de oportunidades, contribuyendo al desarrollo sustentable, a una economía baja en emisiones y al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes”.
Se trata en última instancia de colaborar, por medio del desarrollo del territorio, para pasar de un país de privilegios, a un país de oportunidades, en el cual, con independencia de la región, comuna o localidad, donde se nace, exista un piso mínimo de igualdad de oportunidades, y así construir un país más equitativo e integrado.