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Artículo #54

MINAGRI: Estado, política pública y agricultura

Por Tonci Tomic FEBRERO DEL 2021

Que la agricultura es una actividad económico-productiva, no está en discusión. Por lo tanto, está sujeta a las leyes del mercado, de la competencia, de la formación de precios, de la relación, costos y beneficios, desarrollo de competitividad; incremento de la productividad e innovación tecnológica. El punto en torno al cual queremos plantear la discusión, es si debido a su condición de sector productor de alimentos -además de materias primas, energía y otros- que obviamente son bienes esenciales para la población y su supervivencia, ¿es posible establecer que, el sector agropecuario, es un sector productor de bienes (alimentos) que tiene algo más, que un simple producto? ¿No es un bien público en rigor, pero puede ser que tenga algo un bien tipo “estratégico” o un bien “tipo social” ?, que lo hagan meritorio de una “política agrícola”?

Texto destacado

Se habla acá de política, en el sentido no sólo de contar con un documento técnico, que es sin dudas fundamental, sino que, además, tenga un sustento, legal, presupuestario e institucional.


No es claro y menos aún obvio, pero los países desarrollados, sin excepción, tienen una política agrícola activa. Tales son los casos de EE. UU., la Unión Europea o Japón. Chile en algún momento, trató de no tenerla, en los años ochenta, en el boom neoliberal y no prosperó; tuvo que retomar temas como: poderes compradores, banda de precios, apoyo a sector campesino a través del INDAP o fomento de la inversión en riego.

Desde el retorno a la democracia en 1990, todos los gobiernos han tenido una política agrícola, por cierto, bastante similar, hasta ahora, año 2021.

Pero también es cierto que es una política que, en el tiempo, -- por razones propias de su dinámica- ha ido perdiendo parte de su vínculo con el cuerpo central y se va haciendo de manera más reactiva, perdiendo efectividad.
Unas funcionan mejores que otras, algunas no funcionan. La DIPRES evalúa cada tanto, algunas de estas políticas, pero en general, parece que la inercia es más fuerte que las evaluaciones, así que no se ven grandes cambios.

Dado los acontecimientos de estos últimos dos años, quizás es un buen momento, no para repensar la política agrícola, ya que no hay mucho que inventar, pero si quizás para reordenarla.

Acordando cuáles son los criterios que deben orientar la política, qué temas deben ser abordados y muy importante, identificar qué parte de la política no ha funcionado o ha sido de débil impacto.

Como criterio básico de la política agrícola general, es reordenarla en torno a ciertos grandes ejes temáticos, en un esfuerzo concentrado y no disperso, de alto impacto, que promueva bienes públicos, vale decir que todos los actores, para quienes es relevante, se puedan apropiar de los beneficios de la política y no sólo una fracción de ellos.
Estimamos en la actualidad, qué política debe apuntar muy centralmente a generar condiciones habilitantes, es decir promover la condición para que se exprese el potencial del sector, a través de sus diversos actores productivos. Entre los temas o ejes temáticos que nos parece deben ser abordados, en una perspectiva estrategia de desarrollo agropecuario sustentable, son:

Agua y energía. Se puede decir que actualmente estos dos temas son prácticamente sinónimos. La escasez crónica de agua, especialmente en la zona centro y centro norte, es cada vez mayor.

Es urgente invertir en acumulación, distribución y uso eficiente del agua. Promover la energía solar, cada vez mas barata, puede ser el camino, de solución para el abastecimiento el agua de riego proveniente de la desalación de agua de mar.

I+D+i. Es fundamental reorganizar el sistema de I+D+i del agro. Actualmente responde más a las inercias institucionales que a las reales necesidad el sector.

En este caso también se deben concentrar los recursos en pocos ejes temáticos y de alto impacto y crear una articulación orgánica entre los Institutos Públicos Tecnológicos del MINAGRI, universidades y agricultores. El objetivo debe ser incorporar más ciencia en la agricultura y elevar la productividad.
Asociatividad: La experiencia de los países desarrollados, han mostrado hasta la saciedad, lo conveniente para la agregación de valor, que resulta la asociatividad en el mundo agropecuario, en el que muchas producciones de origen atomizado deben ser concentrada en molinos, plantas lecheras, bodegas para la producción de vinos y agroindustrias de diverso tipo. Esto es válido desde promover sistemas cooperativos exitosos, como COLUN, hasta ser accionistas de empresas S.A., como IANSA.
PyMe agropecuaria y forestal: El fomento productivo orientado a este sector, que lleva a cabo principalmente el INDAP, debe tener claro que las condiciones de competencia serán cada vez más duras y por lo tanto el tema de la competitividad estará en el centro del debate. La escala no favorece a las PyMe, por lo tanto, la diferenciación y los servicios, deben ser los ejes estratégicos.
Agroexportación. Que seamos una potencia alimentaria, puede ser discutible, pero que somos una potencia agroexportadora es un hecho. Existe un gran desarrollo en exportaciones de uva de mesa, cerezas, vinos, paltas y arándanos; y muy bien en nogales, avellano europeo y cítricos. Por lo tanto, el apoyo a este sector es ineludible. Hay que entender que esta es la locomotora del sector agropecuario chileno.
Suelo y territorio: En esta materia estamos totalmente al debe, Chile debe tener una ley de suelos, que proteja la calidad y cantidad de suelo, este es un recurso crecientemente escaso. El 50% de los suelos tienen algún grado de erosión y se pierden toneladas de suelos que van al mar. Asimismo, es preciso promover un mejor ordenamiento territorial rural, más eficaz y acorde para la inversión y desarrollo.